- Se requieren nuevos modelos de negocios y certidumbre jurídica, precisa Nicolás Rosales
- Participa en el XIX Congreso Internacional ICLEI 2022, ante la presencia del alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas
Migrar hacia la electromovilidad pública en México requiere las siguientes condiciones: un modelo de negocio desde los gobiernos federal o estatales, construir infraestructura para la recarga, que los operadores tengan acceso a financiamiento para alcanzar los altos precios de las unidades (que llegan hasta 12 millones de pesos cada una), definir los plazos de las concesiones, así como el tipo de operación; establecer un sistema de incentivos y regular a la industria.
Así lo explicó el presidente de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad, Nicolás Rosales Pallares, durante el XIX Congreso Internacional ICLEI 2022, que se realizó en Los Cabos, Baja California Sur, con la presencia de Luis Donaldo Colosio Riojas, presidente Municipal de Monterrey, además presidente de la Junta Directiva de ICLEI México; Verny Gustavo Valerio Hernández, alcalde de San Rafael de Heredia, Costa Rica y miembro del Comité Ejecutivo Regional para México, Centroamérica y el Caribe de ICLEI-Gobiernos Locales por la Sustentabilidad, entre otros.
Nicolás Rosales recordó que hace cinco años se consideraba que el proceso de conversión sería tardado, pero llegó antes de lo esperado, pues en la actualidad opera en Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y México, entre otros, por lo que “más que una tendencia es una realidad”.
Al participar en la mesa, Movilidad no motorizada y electrificación en el transporte público, dijo: “Lo que se ha visto en otros países es que no siempre el transportista es el mismo que compra la flota; por ejemplo, en Chile, empresas eléctricas contratan la flota y el transportista es el que la usa y la pone a operar; pero el esfuerzo de inversión no salió en este caso del operador, sino de un tercero, que en el caso de Chile fue un empresario de energía. Un esquema similar se está comenzando a ver en Colombia, donde se requiere de mayores inversiones y, por lo tanto, de empresas que cuenten con este capital disponible”.
Para el presidente de la AMTM, si bien en México el reto para migrar a la electromovilidad radica en generar nuevos modelos de negocios, dos elementos son clave en este camino: la consolidación del modelo empresarial en el gremio de transportistas y certidumbre jurídica.
Es necesario que desde el gobierno se planteen los esquemas de un modelo de negocio distinto, por lo que será necesaria la entrada de nuevos inversionistas y nuevos participantes en estos esquemas, lo cual requerirá dar mucha claridad y certidumbre a los transportistas actuales sobre la forma de integrar este nuevo modelo mexicano, explicó Rosales Pallares.
Agregó que, si bien la experiencia de Chile es importante, hay que tomar en cuenta que el proyecto está siendo liderado por el gobierno nacional. “Esta es una invitación importante que le hacemos a nuestros gobiernos: que esta política sea liderada desde los gobiernos nacionales en colaboración y cooperación con los locales; la política de implementación, desarrollo y expansión de la electromovilidad en el transporte público latinoamericano debe ser un asunto colaborativo entre los gobiernos nacional y locales”.
Durante el encuentro, entre otros, se abordaron los siguientes temas: Alianzas internacionales para impulsar proyectos con objetivos climáticos, Gobernanza multinivel ante el cambio climático, Estrategias para incorporar la economía circular en los sistemas urbanos.
ICLEI – Gobiernos Locales por la Sustentabilidad, institución que organizó este foro, es una red global de más de 2 mil 500 gobiernos locales y regionales comprometidos con el desarrollo urbano sostenible. Activo en más de 125 países, influye en las políticas de sustenibilidad e impulsa la acción local para un desarrollo bajo en carbono, basado en la naturaleza, equitativo, resistente y circular.