El presidente de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM), Nicolás Rosales Pallares, saludó y reconoció el gran esfuerzo que significó aprobar la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial que, dijo, fue resultado de tres años de trabajo para disminuir los accidentes viales los decesos que provocan, así como la muerte de personas por efecto de la contaminación.
Señaló que la legislación reviste una gran importancia, toda vez que garantiza el derecho de la movilidad en México, se enfoca en la persona como centro de la política pública y tiene la intención de promover un cambio hacia tecnologías más amigables, aunque, “tendremos que pensar cómo se materialice esto en los sistemas de transporte”.
Nicolás Rosales recordó que se trató de una iniciativa de la senadora Patricia Mercado, misma que tuvo el apoyo de diversas organizaciones no gubernamentales, por lo que ahora queda “perfeccionarla en el corto y mediano plazos”.
En ese sentido, el titular de la AMTM explicó que esta iniciativa “no deja margen para la gestión de la tarifa por parte de las autoridades”, por lo que advirtió que si no existen condiciones para la implementación de tarifas competitivas que permitan mejorar el transporte, “es muy complicado que el modelo cambie”.
Dijo que la ley tampoco aborda el tema del financiamiento para el transporte público, por lo que “si no hay financiamiento de la mano de esta ley, ésta no se podrá implementar en toda su dimensión para la mejora del transporte público en todo el país”.
Añadió que, si no hay financiamiento para llevar a cabo el cambio de flota, el tema de una nueva matriz energética, como el gas o la electromovilidad, puede quedar fuera, puesto que son temas que requieren de inversión, “la cual no puede ser absorbida únicamente por el operador, sino que el tema debe visto como un esfuerzo conjunto con las autoridades”.
El tema del transporte, dijo, tiene que ir con programas de financiamiento e incentivos fiscales para todo el país, tendremos que empezar a trabajar en buscar recursos para el tema de transporte público a nivel nacional, ya que por decreto no es posible mejorar la calidad del transporte público.
Desde su perspectiva, el subsidio al transporte público en México es necesario para impulsar su transformación y modernización, ya que se trata de un servicio de primera necesidad, clave para el desarrollo y para establecer una sociedad con mayor igualdad de oportunidades. Añadió que es necesario apostarle a la calidad y eficiencia del transporte y no sólo a que tenga un precio bajo, pues poco más del 80 por ciento de los autobuses públicos en México siguen trabajando bajo el esquema hombre camión, con un deterioro desde la operación hasta las tecnologías de los vehículos, por lo que el subsidio debe implementarse.
Ante la perspectiva de que la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial sea revisada y aprobada por todas las legislaciones estatales, el presidente de la AMTM recomendó que los diputados la analicen desde un punto de vista técnico y no político, ya que generalmente este último tipo de criterios “prometen cambios y mejoras, pero en la realidad no se cumplen, tenemos que pensarlo de una manera mucho más objetiva, con claras ideas, desde la perspectiva de modelos que han funcionado en otros países y que podrían funcionar en México”.
Sin embargo, Nicolás Rosales reconoció que el espíritu de esta ley implicó que los legisladores escucharan las necesidades de la gente, con el fin de colocar a las personas en el centro del interés, además de garantizar un transporte eficiente, accesible, inclusivo y de calidad, que mejore su situación de traslado dentro del país.