Competencia desleal protegida desde algunos gobiernos locales; baja del 60 al 70 por ciento en la afluencia de pasajeros; falta de recursos para cumplir compromisos económicos (adquiridos antes de la pandemia) relacionados con la renovación de la flota; tarifa rebasada por los costos de mantenimiento, pago de choferes y trabajadores, así como creciente inseguridad, son los principales problemas que enfrentan los operadores del transporte público en todo el país. Convocados a una reunión virtual a la que asistieron los principales dirigentes de entidades como el Estado de México, Tamaulipas, Guanajuato, Campeche, San Luis Potosí y Jalisco, entre otras, coincidieron en la necesidad de conformar un grupo capaz de dialogar con las autoridades estatales y federal, para hacerse escuchar y negociar mejores condiciones para la movilidad en favor del transporte público. Tras el encuentro por medio de un comunicado, los trabajadores del volante consideraron adecuado que esa representatividad nacional recaiga en la Asociación Nacional de Transporte y Movilidad (AMTM), que encabeza Nicolás Rosales Pallares, quien escuchó todas las problemáticas y estuvo de acuerdo en la conformación de propuestas para llevarlas a las diversas autoridades gubernamentales, “ya que sin sistemas de transporte público y movilidad segura, las ciudades mexicanas no podrán alcanzar su máximo potencial”. Al respecto, Fernando Páez, representante del Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés), convocante junto con la AMTM al encuentro virtual, resumió que los transportistas expresaron su interés por tener una sola voz como gremio; coincidieron en la necesidad de conformar instituciones fuertes con interés por emprender una transición empresarial, y también en demandar apoyo para cumplir con los bancos y explorar qué apoyo pueden brindar las autoridades para superar esta problemática diseminada en la mayoría de estados y municipios. Ante ello, el titular de la AMTM, Nicolás Rosales Pallares, se comprometió a sistematizar estas reuniones, para hacer un diagnóstico global, con la intención de generar puntos de convergencia, para presentar, monitorear y vigilar el cumplimiento ante instancias de los tres niveles de gobierno. “Es nuestra responsabilidad, como agrupación, vigilar que en los próximos años encontremos resultados diferentes, iniciando con la mejora de la experiencia de viaje para todas las personas”. A nivel nacional cerca de 56 millones de personas siguen utilizando el transporte público como principal medio de traslado, y 87.76 por ciento del transporte concesionado sigue ofreciendo un servicio público, operado por cerca de 800 mil personas concesionarias que requieren una mejora en sus condiciones, para favorecer el servicio a sus usuarios. Aurora Brito, de Campeche, explicó que diversos tipos de transporte público compiten con las unidades concesionadas; “se trata de unidades sin permiso, que cobran en efectivo y tienen tarifas diversas, algunas por debajo de la nuestra, los cuales no son molestados por las autoridades, al contrario, se diría que son alentados por ellas”. Explicó que la respuesta de las autoridades ha sido: “si no les conviene entreguen la concesión”, y agregó: “fomentan la competencia desleal para acabar el compromiso con nosotros”. En este punto coincidieron varios representantes estatales, quienes consideraron que esa tendencia gubernamental puede deberse a la idea que tienen las autoridades porque otros transportistas, que no tienen ningún tipo de demandas, ocupen las concesiones. Asistieron a esta reunión virtual, Alejandro Zavala, de Irapuato; Francisco Javier Muñoz, de Jalisco; Alejandro Hernández Torres, del Valle de Toluca, en el Estado de México; Ernesto Vite Peña, del Estado de México; Aurora Brito, de Campeche y Anastacio García, de Tamaulipas, entre otros.
El texto original de este artículo fue publicado por la Agencia Quadratín