Roberto Garduño

La Ciudad de México tiene ante sí la posibilidad de hacer que el tema del transporte y la movilidad tome mayor relevancia y se puedan crear las bases para que se desarrollen políticas públicas que mejoren la calidad de vida de sus habitantes.

De acuerdo con especialistas en movilidad, transporte y desarrollo urbano, la nueva Constitución  debe crear los mecanismos y lineamientos para que estos temas tengan bases jurídicas y financieras para que se realicen acciones que hagan una ciudad más competitiva.

Fernando Páez, Director de Sistemas Integrados de Transporte del CTS Embarq México, dice que la nueva Carta Magna de la Ciudad de México debe ratificar a la movilidad como un derecho y  por lo tanto, convertirse en un eje fundamental del que deban partir las políticas públicas y acciones futuras.

“La Constitución como instrumento superior debe considerar a la movilidad como un derecho, creo que ese es el puesto que debe tener el concepto de la movilidad en la Constitución”, señaló Páez.

El especialista precisó que se debe tener como consecuencia que el desarrollo de la Ciudad en cuanto a sus políticas públicas, reglamentos e infraestructura deba estar determinado a cumplir con este derecho de la ciudadanía.

Desde la perspectiva del especialista, el fin primordial de promover a la movilidad como un derecho es que al ciudadano se le faciliten la infraestructura, los servicios de transporte y su seguridad al derecho de vía como una garantía individual y no sólo como el resultado de acciones de Gobierno.

“Una buena prestación de servicios para la movilidad que garanticen el cumplimiento de esa pirámide que ha establecido la Ley de Movilidad (…) y considerar que se debe ofrecer al usuario del sistema de movilidad las opciones para que decida qué servicio debe usar para cumplir con sus propósitos de movilización dentro de la Ciudad”, agregó.

En cuanto a la discusión sobre la Ley de Movilidad, publicada en la Gaceta Oficial del DF el 14 de julio de 2004, y el papel que jugará en la nueva Constitución, Fernando Páez indicó que el cambio a la norma fue uno de los pasos que facilitará la integración de estos conceptos en la nueva Carta Magna.

“La ley lo que hizo fue ver el sistema de movilidad como un todo, como un tema integral donde se consideran todos los componentes, garantizando de que uno de los principales componentes es el usuario del sistema y por eso hace esa jerarquización, donde pone en la cúspide de esa jerarquización al peatón”, abundó.

Considerando a la movilidad como un derecho inalienable, los Gobiernos deberán destinarle recursos para garantizar cumplir con su obligación y formar las instituciones, encabezadas por personas adecuadas y capaces de tomar buenas decisiones.

“Hay una oportunidad para poner  en la máxima cúspide de pensar la Ciudad, la planeación urbana, el Programa General de Desarrollo Urbano debe ser una obligación que ponga la constitución porque será lo que guíe la forma en que crece la Ciudad”, aseguró el especialista.

Con esta premisa, Fernando Páez indicó que se puede  planear el desarrollo de la metrópoli con una visión de medio ambiente, de sustentabilidad, de buena infraestructura que permitan la ocupación correcta de medios de transporte eficientes y así garantizar la movilidad de los ciudadanos.

“La Constitución debe entonces poner en primer plano el Desarrollo Urbano, hacia dónde va la Ciudad, y metido entre ello todos los sistemas generales, entre ellos el sistema de movilidad como los vasos conectores de la Ciudad”, concluyó el especialista.

 “La Ciudad no puede funcionar bien si no tiene un sistema de movilidad adecuado, pero un sistema de movilidad para una ciudad que tienen una estructura que ofrece a los ciudadanos una cercanía  para la accesibilidad a bienes y servicios”.
Fernando Páez, Director de Sistemas Integrados de Transporte del CTS Embarq México.

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Foto: Antonio Nava / Navaphotos.com

 

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