Roberto Garduño
La falta de integración de las políticas gubernamentales en materia de movilidad, transporte público y desarrollo urbano han sido una de los obstáculos que tienen que se tienen que superar para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Esta fue la conclusión a la que se llegó en la Mesa de Trabajo sobre el Marco Normativo de la Movilidad del 8 Congreso Internacional de Transporte (8CIT), en el que participaron Maite Ramos, presidenta de la Comisión de Movilidad de COPARMEX, Rony Monge Salas, Diputado por Costa Rica; Antonio Velez Torres, Vocal Ejecutivo del Instituto de Transporte del Estado de México y Laura Ballesteros, Subsecretaria de Planeación de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México.
Desde la visión empresarial, Maite Ramos indicó que se perciben acciones de gobierno aisladas que benefician localmente pero que no tienen integración con las medidas tomadas por los gobiernos vecinos, por lo que metropolitanamente no encuentran ningún beneficio para la ciudadanía.
“Tiene que haber una visión de un sistema integrado de transporte en un marco global de planeación, hoy hacemos inversiones sin que se hablen unos con otros y entonces no lo tenemos como algo que esté planeado en el corto, mediano y largo plazo”, dijo la empresaria.
En cuanto a la inversión federal y local, Ramos aseguró que en el presupuesto de egresos del Gobierno federal se dedicó el 82 por ciento a infraestructura vial y tan sólo un 10 por ciento al transporte público, mientras que localmente el Fondo Metropolitano consideró un 77 por ciento al gasto en obras para coches y tan sólo un 10 por ciento dedicado a espacios para las personas.
Ante estas situaciones, el representante del Gobierno del Estado de México aseguró que las normativas que pretenden cambiar el paradigma de la movilidad en las ciudades, se vuelve letra muerta porque sus principios no se reflejan en la forma en como los gobernantes gastan su presupuesto.
“En México existen muchos ordenamientos jurídicos que se han convertido en letra muerta, letra muerta porque no se aplica, otros que son sustantivos pero que se aplican a medias y esto hace que un marco normativo no termine de funcionar”, Velez Torres.
El funcionario mexiquense hizo referencia a que debe haber una relación intrínseca entre la movilidad y el desarrollo urbano, ya que tan en el País ya existen 59 zonas metropolitanas y 30 de ellas tienen más de 500 mil habitantes, por lo que hacer políticas tomando en cuenta el Desarrollo Orientado al Transporte debe ser una prioridad.
Por otro lado, el representante de Costa Rica dijo que percibe a la Ciudad de México como un estado en el que se tienen muy desarrollado un marco normativo, y que haciendo una comparación con su país, detecta muchas áreas de oportunidad en las que se puede mejorar la movilidad de los costarricenses.