La electromovilidad en el transporte público de América Latina ha dejado atrás la etapa de demostrar si la tecnología funciona. El desafío ahora está en construir las condiciones financieras, contractuales, energéticas y operativas que permitan llevar los proyectos de autobuses eléctricos a una operación permanente y a gran escala.
Este fue uno de los principales temas abordados durante el V LAC E-Mobility Salon, realizado por primera vez en Brasil en el marco de Lat.Bus 2026, en São Paulo.
De acuerdo con cifras presentadas durante el encuentro, América Latina alcanzó en agosto de 2026 los 10 mil autobuses eléctricos en operación, distribuidos en más de 80 ciudades de 13 países. Sin embargo, una parte importante de esta flota continúa concentrada en mercados como Chile, Colombia y Brasil.
La discusión, por lo tanto, ya no se limita a adquirir vehículos cero emisiones. La transición requiere definir quién realiza las inversiones, cómo se distribuyen los riesgos, quién desarrolla la infraestructura de recarga, de qué manera se garantiza el suministro energético y bajo qué esquemas se remunera a los operadores.
En este contexto, Nicolás Rosales Pallares, presidente de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM) y vicepresidente sénior de la UITP para América Latina, destacó la importancia de vincular la electrificación del transporte público con la formalización de los operadores y el fortalecimiento de las reglas bajo las cuales funcionan los sistemas.
Rosales Pallares señaló que el marco jurídico y las reglas de operación deben ser claros y subrayó un aspecto fundamental para que la transición pueda consolidarse: la sostenibilidad financiera.
La experiencia latinoamericana demuestra también que electrificar una flota no significa únicamente sustituir un autobús de combustión por uno eléctrico. Es necesario transformar todo el ecosistema que lo rodea: infraestructura de recarga, disponibilidad de energía, patios y talleres, capacitación de conductores y personal técnico, mantenimiento, gestión de baterías, planeación operativa y uso de datos.
Uno de los puntos críticos es precisamente la infraestructura energética. Los estudios de capacidad eléctrica, conexiones a la red, transformadores, cargadores y adecuaciones de los patios deben planearse antes de la llegada de los vehículos. De lo contrario, las unidades pueden estar disponibles sin contar todavía con las condiciones necesarias para operar.
Para las ciudades medianas y pequeñas el reto puede ser todavía mayor, debido al acceso limitado al financiamiento y a la dificultad para distribuir los costos de infraestructura entre flotas reducidas. Ante este escenario, mecanismos como compras consolidadas, licitaciones estandarizadas, programas nacionales y asistencia técnica pueden ayudar a generar economías de escala.
La conclusión es clara: América Latina ya demostró que los autobuses eléctricos pueden funcionar dentro de sus sistemas de transporte público. La siguiente etapa consiste en crear modelos institucionales, financieros y energéticos capaces de hacer que esa transición sea sostenible, escalable y adecuada a las condiciones particulares de cada ciudad.
Desde la AMTM continuamos impulsando el diálogo, el intercambio de experiencias y la construcción de soluciones que permitan avanzar hacia sistemas de transporte público más eficientes, sostenibles y preparados para los desafíos de las ciudades latinoamericanas.
Fuente : Technibus / V LAC E-Mobility Salon – Lat.Bus 2026.